Artículo de Jesús Moreno, abogado y socio del Real Valladolid para el Norte de Castilla
De un tiempo a esta parte el Real Valladolid combina sus apariciones en el terreno de juego con comparecencias, casi en igual número, en los juzgados. Estoy seguro de que no es una situación agradable ni para el aficionado que observa triste y resigando que de los equipos modestos se habla más cuando la noticia nada tiene que ver con el deporte, ni para la dirección del club pues sabe perfectamente que presentarse ante la justicia siempre tiene el riesgo de lo incierto que puede ser el resultado final pues este siempre se hace depender de un tercero.
La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sido como un torpedo en la línea de flotación no ya del Real Valladolid, que en nada empeora una situación que tampoco se puede considerar óptima, sino del propio presidente de la entidad que ha visto como se ha convertido en deudor solidario de una gran parte de la deuda que el club tiene con la Agencia Tributaria. El fallo no significa que el club aumente su pasivo, ni significa que el Real Valladolid vea acortado su calendario de pago con Hacienda. En puridad y de manera objetiva, la resolución ningún perjuicio acarrea al Real Valladolid como institución. Sin embargo, Carlos Suárez se ve envuelto en lo personal en una situación que quizá no imaginaba que pudiera llegar a suceder cuando destinó una cantidad de dinero obtenida por el traspaso de dos jugadores al abono de nóminas de la plantilla, pues de no hacerlo comprometía la viabilidad del club, antes que utilizarla para hacer frente a los compromisos que tenía firmados con la Hacienda Pública. El veredicto lo que hace es declararle responsable solidario de una de las deudas que el Real Valladolid tenía con la Agencia Tributaria, o lo que es lo mismo, Hacienda tenía el derecho de reclamar un débito de algo más de medio millón de euros, indistintamente a la sociedad Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D, o a su presidente Carlos Suárez.
Aunque reconozco que no corren buenos tiempos para hablar de las bondades de la Justicia – ni de ella, ni de cualquier otra de las administraciones del Estado – lo cierto es que siempre he pensado que es la institución que mejor funciona en nuestro país. En ocasiones lenta hasta desesperarse pero firme y segura. Con una balanza en una mano y una espada en la otra. Ciega, sin otro perro lazarillo que acuda en su guía que el cumplimiento de la Ley, pues es la única manera de interpretar la democracia en un Estado de Derecho.
Carlos Suárez alegó – casi – que el Real Valladolid se encontraba en estado de necesidad, que entre la viabilidad del club y la Administración Tributaria no le quedó más remedio que elegir lo primero. Si la entidad desaparece Hacienda no cobra, pareció decir. Testimonio probablemente cargado de lógica y de buenas intenciones pero que choca frontalmente con cualquier argumento jurídico.
La Justicia es fría y alejada de sentimentalismos. No le corresponde decidir que es lo mejor para el Real Valladolid ni para la Agencia Tributaria sino que su labor es simple y llanamente, hacer que la ley se cumpla. Y, desde ese punto de vista, la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León es impecable.
Artículo de El Norte de Castilla.
